Proyecto de ingreso mínimo garantizado inició discusión en el Senado

Hoy comenzó su segundo trámite legislativo, en la comisión de Trabajo y Previsión Social, el proyecto de ingreso mínimo garantizado que busca complementar el sueldo de los trabajadores más vulnerables con un subsidio directo desde el Estado, como parte de las medidas contempladas en la agenda social del Gobierno.

En su presentación, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, entregó detalles de las modificaciones de la propuesta original. Explicó que si bien la iniciativa inicial presentada en la Cámara iba desde los $ 301.000 brutos hasta $ 370.000 brutos -con un aporte complementario que empezaba en $ 49.000 y que gradualmente iba disminuyendo según el monto de remuneración-, a raíz de la discusión en la primera instancia legislativa se decidió ampliar el monto y el rango, con lo que el número de beneficiarios se elevó de 400 mil a 660 mil. Esto último, "si es que, como le vamos a presentar a ustedes, se modifica la indicación que le incorporó la Cámara, que excluye a las empresas sobre 75 mil UF", señaló.

Cabe recordar que en su primer trámite legislativo esta propuesta generó un amplio debate por parte de los diputados en la comisión de Trabajo y también en la de Hacienda. Ello, dado que los parlamentarios de oposición, por una parte, buscaban modificar la propuesta y llevar la discusión hacia el aumento del salario mínimo y, por otra, querían limitar la entrega de este beneficio Fiscal sólo hacia las empresas de menor tamaño argumentando un uso eficiente de los recursos sin subsidiar a las compañías de mayor tamaño.

Finalmente en la Sala, y luego de que el Gobierno elevara los recursos del aporte, con el que los trabajadores alcanzarán un monto líquido de $ 300.000 -con un aporte que comienza en $ 59.200 para quienes ganan $ 301.000 brutos y que va disminuyendo gradualmente hasta los $ 384.000 brutos-, logró avanzar en su tramitación, pero con la restricción de que solo estará centrado en las Pymes.

De acuerdo con los cálculos presentados por Sichel, si el proyecto queda con la indicación aprobada en su primer trámite, este beneficio se limitaría sólo a 350 mil trabajadores. Mencionó que "son 220 mil personas que quedan excluidas, pero además por la redacción podrían ser las empresas subcontratadas por estas empresas, por lo tanto podrían ser más trabajadores".

El secretario de Estado hizo ver este punto en su presentación, argumentando que cuando se definió esta medida se hizo sobre la conclusión de que ante el contexto social "no correspondía excluir" de este beneficio por el lugar donde está empleado el trabajador, "eso era agregar un carácter adicional, discriminador que iba a afectar al trabajador". Agregó que "los beneficiarios totales o son un 39% más o un 39% menos según se excluye o no por tamaño de empresa. Nuestra mirada -y por eso vamos a reponer ciertas indicaciones- es que no debería ser excluyente porque beneficiaría a un número mayor de trabajadores".